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WASHINGTON.- La corrupción de las fuerzas de seguridad es el gran mal compartido que amenaza el respeto a los Derechos Humanos en la República Dominicana y Haití, según un informe del Gobierno de Estados Unidos.

En el caso de la República Dominicana, el informe denuncia la corrupción de la policía y sus prácticas, desde asesinatos a casos de tortura, la discriminación y violencia contra las mujeres y los inmigrantes haitianos, y la negación de los derechos de sus descendientes nacidos en el país.

Concretamente, las fuerzas de seguridad estuvieron "implicadas en muchos asesinatos injustificados y fuera de la ley", y "en excesos en el uso de la fuerza", aunque se registró un centenar de muertes de este tipo menos que el año anterior, al pasar de 455 a 346 personas. 

Aunque algunos observadores coinciden en la "mejora de las condiciones de entrenamiento profesional" de los agentes, continúa el "abuso físico de detenidos", sobre todo, mediante palizas.

Otras violaciones a los Derechos Humanos son las condiciones inhumanas y de violencia que se viven en las prisiones, donde, pese a la creación de más cárceles, siguen saturadas.

Las violaciones sexuales fueron otro "problema serio y extenso", pero sin documentar, igual que la violencia doméstica que entre enero y mayo supuso la muerte de 41 mujeres.

Tampoco hay políticas para frenar la "evidente" discriminación racial, que el Gobierno niega, tal y como hace con la que existe contra inmigrantes haitianos y sus descendientes.

En este sentido, destaca la negación de los derechos de los "sin estado", hijos de inmigrantes haitianos que nacieron en la República Dominicana y que no pueden acceder a la nacionalidad porque sus padres, descendientes de sin papeles, tampoco pueden cumplir los requisitos para solicitarla.

Otros abusos fueron la explotación sexual de niños, en un país donde la prostitución es legal y el turismo sexual está extendido en las zonas hoteleras, pero sin leyes que la regulen y que vuelven vulnerables a grupos de riesgo. 

El documento, que analiza cada año la situación de los Derechos Humanos en el mundo y es entregado al Congreso estadounidense, resume el estado de la cuestión en ambos países y vuelve a denunciar el lastre de la corrupción institucional.